Luego de trágicos sucesos, se retomó al diálogo y se llegó al entendimiento. Bastó dos horas de diálogo para que el Ejecutivo se comprometiera a apoyar la derogación de los decretos 1064 y 1090 que pusieron en zozobra a la selva peruana el pasado 5 de junio y que dejó por los menos a 34 fallecidos, entre policías y nativos.
Con la finalidad de restablecer la paz en territorio amazónico, representantes del Poder Ejecutivo y líderes de etnias indígenas suscribieron un acta de entendimiento en la Base Aérea de San Ramón (provincia de Chanchamayo, Junín).
En ese documento, el Gobierno Central se comprometió a proponer, a través de un proyecto de ley, la derogación de los decretos legislativos 1094 (que norma la ley forestal y de fauna silvestre) y el 1090 (que aprobó el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario) antes del jueves 18 de este mes.
El acuerdo tomado se dio en una mesa de diálogo conformada por el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y los ministros del Ambiente, de Salud y de Agricultura, por parte del Ejecutivo. Por los nativos estuvieron la coordinadora de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC), Lidia Rengifo Lázaro, y otros 10 jefes indígenas procedentes de Pasco, Junín, Huánuco, Cusco y Apurímac.
Sin embargo, el compromiso no solo giró en la anulación de los dos decretos mencionados sino también en el resto del paquete de leyes rechazadas por la población nativa. Estos se discutirán en el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que instalará en breve.
Otro acuerdo -que fue condicionado producto de una negociación de tira y afloja- que figura en el acuerdo se refiere al levantamiento del bloqueo de la carretera Central a la salida de San Román. Ahí se estableció que la vía se despejará durante cuatro horas al día (de 8 am a 10 am y de 4 pm a 6 pm) hasta que se concrete la derogación de los decretos mencionados.
Por otro lado, en sesión parlamentaria – y por votación unánime- se acordó la formación de una comisión que investigará los luctuosos hechos en Bagua. Esta comisión tendrá 120 días hábiles para indagar los hechos de violencia acontecidos en la selva peruana, a las personas y organizaciones involucradas y la supuesta injerencia de gobiernos y entidades extranjeras, a fin de hallar responsables.
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