Cosecharon frutos. Luego de que miembros del Poder Ejecutivo y representantes de las comunidades amazónicas se reunieran el pasado lunes con la finalidad de retomar el diálogo y restablecer el orden y la paz en la selva, el Pleno de Congreso siguió en ese mismo norte. Ayer derogó los cuestionados decretos legislativos 1064 y 1090.Las mencionadas leyes, referidas a normar la ley forestal y de fauna silvestre y el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario, fueron rechazadas por los grupos étnicos desde su aprobación.
Tal actitud conjugada con la deficiente comunicación del Gobierno por informar el verdadero significado de las normas conllevó a un conflicto en el oriente peruano que dejó a 34 peruanos muertos, entre policías y nativos.
Después de trece días de los lamentables sucesos en Bagua, la decisión de abolir los decretos fue apoyada por 82 congresistas y rechazada por 14. Sin embargo, aún quedan siete normas por analizar y debatir.
Luego de la sesión plenaria, las críticas sobre los sucesos del pasado de 5 de junio se volvieron a sentir pero sin que nadie asumiera responsabilidad. Frente a ello, algunos parlamentarios de oposición instigaron a sus colegas para trabajar en las propuestas legales orientadas a garantizar el bienestar de las comunidades nativas.
Con esta decisión del Parlamento la marea bajará un poco; sin embargo, los familiares de las víctimas fallecidas y los peruanos esperan que se forme la Comisión que investigue los hechos de violencia a fin de hallar responsables.
